Mientras el Senado estudia una reforma para agilizar las alianzas público-privadas, el propio Poder Ejecutivo propone crear otro régimen de concesiones, con nuevas instituciones y procedimientos para contratar proyectos de naturaleza semejante. Esta falta de coordinación amenaza con profundizar la fragmentación de la inversión pública, facilitar la elección de vías contractuales con exigencias diferentes y ampliar las parcelas de poder institucional. La solución es mucho más sencilla: mejorar la Ley de APP e incorporar procedimientos ágiles para las concesiones autofinanciables, sin debilitar la evaluación, la transparencia ni el control fiscal.

Madrid, 6 de noviembre de 2026

Resulta difícil encontrar una demostración más evidente de la falta de coordinación dentro del Gobierno dominicano. El 27 de agosto de 2026, el Poder Ejecutivo presentó al Senado una reforma de la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), destinada a mejorar la preparación de los proyectos y agilizar su contratación. Apenas dos meses después, el 29 de octubre, el mismo Ejecutivo presentó otro proyecto de ley para crear un régimen independiente de concesiones de bienes, servicios y obras públicas.

¿Tiene sentido promover dos leyes, dos estructuras institucionales y procedimientos diferentes para contratar proyectos con las mismas características? ¿Es esta la manera de modernizar la Administración pública o estamos ante otro ejemplo de improvisación y disputas por competencias dentro del propio Gobierno?

A mi juicio, esta iniciativa constituye un grave error de política pública. Después de más de treinta años trabajando en la evaluación, financiación y contratación de infraestructuras, considero que el país necesita precisamente lo contrario: simplificar su marco regulatorio, fortalecer sus instituciones y establecer criterios homogéneos para decidir cómo se invierten los recursos públicos.

Conviene explicar por qué esta nueva ley resulta innecesaria para una parte importante de las concesiones que pretende regular.

Las concesiones de infraestructura constituyen una modalidad tradicional de APP. En ambos casos, un agente privado puede financiar, construir, operar y mantener una infraestructura durante décadas, asumiendo determinadas responsabilidades y riesgos. La principal diferencia entre algunas modalidades reside en cómo se remunera la inversión.

Pensemos en dos autopistas. En una, el concesionario recupera su inversión mediante los peajes que pagan los usuarios. En la otra, el Estado realiza pagos periódicos por mantener la carretera disponible y cumplir determinados estándares de servicio. ¿Por qué deberían someterse a instituciones y controles distintos?

Ambas requieren justificar su necesidad, estudiar la demanda, evaluar su rentabilidad socioeconómica, comprobar su viabilidad financiera y distribuir adecuadamente los riesgos. Que el dinero proceda directamente del usuario o del presupuesto público no cambia la necesidad de esas evaluaciones.

Precisamente, la Ley 47-20 integró las concesiones que reúnen las características de una APP dentro de un marco regulatorio especializado. Ahora se pretende establecer otra vía de contratación que puede abarcar proyectos semejantes, sin una delimitación suficientemente clara entre ambos regímenes.

El problema no es únicamente jurídico. Cuando existen dos caminos para contratar prácticamente lo mismo, aparece el incentivo de escoger aquel que exige menos estudios, menos controles o resulta administrativamente más cómodo. La modalidad contractual deja entonces de elegirse por su conveniencia económica y puede terminar condicionada por la facilidad del procedimiento.

Este riesgo resulta especialmente preocupante porque el proyecto de concesiones configura un sistema institucional propio, con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) como órgano rector, un Consejo Nacional de Concesiones y una Dirección Técnica de Concesiones, mientras la reforma APP mantiene su estructura especializada alrededor de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).

¿Para qué necesita el país duplicar estructuras que pueden intervenir sobre proyectos de naturaleza semejante? ¿Quién coordinará sus criterios técnicos y financieros? ¿Qué justifica incrementar la dispersión de responsabilidades precisamente cuando necesitamos fortalecer la capacidad institucional?

No puedo evitar preguntarme si detrás de esta multiplicación de organismos y competencias existen también intereses por conservar o ampliar cuotas de poder político y administrativo. No afirmo que esa sea una motivación demostrada, pero la configuración propuesta plantea legítimamente esa sospecha. Cuando una reforma crea nuevas parcelas de decisión sin acreditar suficientemente su necesidad, resulta obligado preguntarse a quién beneficia realmente esa distribución de competencias.

La cuestión adquiere todavía mayor gravedad cuando examinamos los controles económicos y fiscales.

Una concesión que inicialmente se presenta como autofinanciable no está necesariamente libre de riesgos para el Estado. Las previsiones de tráfico pueden resultar excesivamente optimistas, las tarifas pueden ser insuficientes y las condiciones económicas pueden cambiar. Cuando eso ocurre, aparecen las solicitudes de renegociación, ampliación de plazos, compensaciones o apoyo público.

La experiencia dominicana con determinadas concesiones viales, especialmente las asociadas a las carreteras de Samaná, debería bastar para comprender las consecuencias de comprometer obligaciones de largo plazo sin una adecuada evaluación y distribución de riesgos.

En mi “Manual de Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos: Un enfoque práctico para la República Dominicana”, explico que la calidad de una APP no depende de transferir indiscriminadamente los riesgos al sector privado, sino de asignarlos a quien pueda gestionarlos mejor. También depende de demostrar, mediante el análisis de Valor por Dinero, que la modalidad elegida ofrece ventajas frente a otras alternativas de contratación.

Por eso considero inaceptable crear nuevas vías para contratar infraestructuras sin garantizar expresamente una disciplina equivalente de evaluación socioeconómica, financiera y fiscal, proporcional a la naturaleza y riesgos de cada proyecto.

Pero este desorden no comienza con las concesiones. Ya existe una fragmentación semejante mediante los fideicomisos públicos, regulados por la Ley 28-23, y otras estructuras instrumentales utilizadas para desarrollar infraestructuras. FITRAM y RD Vial ilustran la importancia adquirida por estos mecanismos. Se trata de vehículos jurídicamente diferentes de las APP contractuales, que pueden gestionar recursos privados, contratar obras y desarrollar proyectos sin someterse al régimen especializado de evaluación de la Ley 47-20. Aunque están sujetos a otras normas y controles, eso no garantiza una evaluación integral equivalente de la conveniencia económica, financiera y fiscal de los proyectos.

He cuestionado reiteradamente esta fragmentación en mis artículos anteriores. No tiene sentido exigir rigurosos estudios para aprobar una APP y permitir que una infraestructura de características semejantes avance mediante otro vehículo sin acreditar el mismo nivel de justificación económica. La nueva Ley de Concesiones amenaza con añadir otra pieza a este sistema desarticulado.

Lo más desconcertante es que existe una solución mucho más sencilla, que ya he propuesto en mis análisis sobre la reforma de la Ley APP: incorporar un procedimiento especial, ágil y simplificado para las concesiones financieramente autosostenibles, sin aportaciones públicas previstas, manteniendo las garantías de evaluación, competencia y control fiscal. No se trata de inventar nada nuevo. Colombia, mediante su Ley 1508 de 2012, establece un procedimiento especial para iniciativas privadas sin desembolsos públicos; y Perú, mediante su Ley 32441 de 2025, distingue las APP autofinanciadas de las cofinanciadas y contempla procedimientos simplificados para determinados proyectos. Ambos ejemplos demuestran que es posible agilizar la contratación dentro del propio régimen APP, sin crear otra ley ni duplicar estructuras institucionales.

Esta alternativa permitiría acortar plazos, eliminar trámites innecesarios y simplificar etapas, conservando las evaluaciones indispensables, la competencia, la transparencia y el análisis de los posibles riesgos fiscales. También permitiría aprovechar la experiencia y capacidad técnica de la DGAPP, en lugar de dispersarlas entre nuevos organismos.

No todas las concesiones requieren los mismos procedimientos. Una explotación patrimonial sencilla no tiene la complejidad de una autopista financiada y operada durante treinta años. Precisamente por eso debemos diferenciar según la naturaleza, magnitud y riesgos de los proyectos, no multiplicar regímenes por su denominación jurídica.

El Senado tiene ahora una responsabilidad que va más allá de estudiar separadamente dos iniciativas legislativas. Debe exigir al Poder Ejecutivo una política coherente de inversión y contratación pública, integrar las concesiones que reúnen características de APP en un mismo marco especializado y establecer criterios comunes de evaluación y control para los demás vehículos de inversión.

La República Dominicana no necesita más leyes para contratar lo mismo por caminos diferentes. Necesita instituciones coordinadas, mejores proyectos y controles que no dependan del nombre del contrato ni de quién tenga el poder de adjudicarlo.

Porque el verdadero problema no es cuánto tarda el Estado en contratar una infraestructura, sino cuánto puede terminar costándole al país contratarla sin haber demostrado antes que era la decisión correcta.