Los cuatro teleféricos dominicanos comparten un mismo proveedor tecnológico: POMA. Esta continuidad puede ofrecer ventajas operativas, pero también generar una dependencia que limite la competencia en futuras contrataciones. La cuestión es determinar qué exclusividad resulta inevitable por razones técnicas y cuál puede ser consecuencia de las decisiones de inversión y contratación adoptadas por el propio Estado

Madrid, 16 de noviembre de 2026

Cuando el Estado compra una tecnología para construir una infraestructura, no decide únicamente quién la suministra. También puede estar condicionando quién podrá mantenerla, repararla y modernizarla durante los próximos veinte o treinta años. Una decisión aparentemente limitada a la construcción termina así influyendo sobre numerosos contratos posteriores, reduciendo las alternativas disponibles y la capacidad de negociación de la Administración.

Esta situación se conoce como dependencia tecnológica: ocurre cuando cambiar de proveedor resulta tan difícil o costoso que, en la práctica, apenas existen alternativas. No implica necesariamente una contratación irregular. El problema aparece cuando esa dependencia, que puede ser inevitable para determinados equipos, termina extendiéndose a servicios que otras empresas estarían capacitadas para prestar.

Los teleféricos dominicanos ofrecen un ejemplo relevante. La Línea 1 de Santo Domingo, inaugurada en 2018, incorporó tecnología de la empresa francesa POMA. Posteriormente, el fabricante participó en los proyectos de Los Alcarrizos y Santiago, junto con la constructora J. Fortuna. En la Línea 3 de Santo Domingo Oeste, actualmente en construcción, ambas empresas vuelven a participar mediante el consorcio TELDOM JFP.

Esta continuidad está documentada, pero exige una precisión: POMA no es necesariamente el contratista principal de todas las prestaciones. El fabricante, el constructor, el operador y el responsable del mantenimiento pueden ser empresas diferentes, relacionadas mediante consorcios o subcontrataciones. Identificar correctamente sus responsabilidades es indispensable para entender quién controla realmente cada servicio.

Tampoco sería razonable considerar negativa, por definición, la utilización de una misma tecnología. La estandarización puede facilitar la formación del personal, reducir inventarios de repuestos, simplificar el mantenimiento y aprovechar la experiencia acumulada. De hecho, POMA destaca estas ventajas y la especialización de sus equipos dominicanos como elementos importantes para garantizar la seguridad y disponibilidad del servicio.

Pero esas ventajas deben compararse con sus posibles consecuencias económicas. Si los programas informáticos, los sistemas de control, determinados repuestos y la información técnica permanecen bajo el control exclusivo del fabricante, el Estado puede terminar dependiendo de él para realizar intervenciones futuras, incluso cuando otros operadores dispongan de capacidad para ejecutar parte de los trabajos.

Aquí aparece una cuestión decisiva: la dependencia tecnológica no comienza cuando se contrata el mantenimiento, sino que puede originarse durante el diseño y la construcción. Si las especificaciones de una nueva infraestructura se elaboran alrededor de equipos particulares, sin garantizar suficientes posibilidades de integración con otros sistemas, las opciones de contratación futura quedan condicionadas desde el principio.

El proceso puede convertirse en un círculo difícil de romper. Primero se adquiere una tecnología; después se necesita al fabricante para intervenir en ciertos componentes; más adelante se agrupan esas intervenciones con otros servicios para asegurar la coordinación del sistema. Finalmente, la Administración puede acabar justificando una contratación directa mucho más amplia que la exclusividad técnica original.

Eso no significa que deban separarse indiscriminadamente todos los contratos. La seguridad de los pasajeros exige responsabilidades claras, personal capacitado y una coordinación rigurosa. Determinadas inspecciones y actuaciones sobre cables, sistemas de tracción o dispositivos críticos pueden requerir la intervención del fabricante. La pregunta es si esas condiciones justifican también excluir la competencia en actividades ordinarias que podrían ejecutar otras empresas.

La propia OPRET, en sus explicaciones del pasado 10 de noviembre, ha destacado el conocimiento acumulado por los fabricantes y la necesidad de garantizar la continuidad del Metro y los teleféricos. Son argumentos atendibles. Sin embargo, la experiencia de un proveedor no demuestra, por sí sola, que sea el único capaz de prestar todos los servicios contratados. Precisamente esa distinción debe acreditarse mediante estudios técnicos y de mercado.

Hay un antecedente que ilustra bien el problema. En 2022, OPRET convocó una licitación pública para el mantenimiento especializado de la Línea 1, adjudicada posteriormente a POMA RD. La presencia de esa tecnología no impidió entonces utilizar un procedimiento competitivo. El resultado tampoco demuestra que actualmente puedan licitarse todas las prestaciones por separado, pero obliga a explicar qué circunstancias han cambiado.

La solución no consiste en sustituir automáticamente a POMA ni en desconocer su experiencia. Consiste en evitar que cada nueva inversión aumente innecesariamente la dependencia. Para ello, desde la contratación inicial deben establecerse condiciones que garanticen al Estado acceso a los manuales, datos de funcionamiento, registros de averías y documentación técnica necesarios para supervisar los sistemas.

También deben asegurarse derechos adecuados de utilización de los programas informáticos, formación efectiva del personal público, disponibilidad de repuestos compatibles cuando la seguridad lo permita y colaboración del fabricante con futuros operadores. Estas condiciones pueden facilitar nuevas contrataciones competitivas sin comprometer la continuidad del servicio.

En mi criterio, la cuestión fundamental no es cuántas veces se contrata a un mismo fabricante, sino si el Estado conserva capacidad real para elegir entre alternativas, negociar precios y controlar los servicios que paga. Una tecnología puede haber sido adquirida mediante competencia y terminar convirtiéndose, por decisiones contractuales posteriores, en una fuente de exclusividad difícil de superar.

La buena contratación pública no consiste únicamente en obtener la mejor tecnología disponible, sino también en evitar que su adquisición comprometa innecesariamente la libertad de decisión del Estado durante las décadas siguientes.