OPRET tramita una contratación de RD$17.478 millones para operar y mantener dos líneas del Teleférico de Santo Domingo mediante proveedor único. El contrato tendría una duración inicial de cuatro años, ampliable hasta diez. La cuestión es si la exclusividad tecnológica justifica contratar conjuntamente todas las prestaciones y cómo se garantiza que el precio resulte conveniente para el Estado.

Madrid, 9 de noviembre de 2026

Diecisiete mil cuatrocientos setenta y ocho millones de pesos. Ese es el presupuesto previsto por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) para contratar, mediante un procedimiento excepcional de proveedor único, la operación, explotación y mantenimiento de las líneas 1 y 3 del Teleférico de Santo Domingo. Una cantidad considerable que plantea dos preguntas fundamentales: ¿por qué deben contratarse todos estos servicios con un único proveedor y cómo se ha determinado su precio?

El procedimiento OPRET-CCC-PEPU-2026-0004 establece una duración inicial de cuatro años, equivalente a un promedio de RD$4.370 millones anuales. El contrato podría renovarse hasta completar diez años, pero se desconoce el coste de esas posibles ampliaciones. También contempla gastos extraordinarios que podrían generar pagos adicionales. La Línea 1 lleva años funcionando, mientras que la Línea 3 continúa en construcción. Según el calendario original, la adjudicación está prevista para el 12 de noviembre. Por tanto, los RD$17.478 millones son un presupuesto de referencia para cuatro años, no un importe adjudicado ni el coste total de diez años.

La seguridad de un teleférico exige conocimientos especializados. Sus cables, cabinas, sistemas de tracción y dispositivos de seguridad necesitan un mantenimiento riguroso. La intervención del fabricante puede resultar indispensable para determinados equipos, programas informáticos, repuestos e inspecciones. Nadie debería cuestionar esas exigencias cuando está en juego la seguridad de los pasajeros.

Pero reconocer esa necesidad no significa aceptar que todas las actividades deban contratarse sin competencia. El pliego incluye también atención al usuario, gestión operativa y conservación de instalaciones. ¿Requieren todas ellas la intervención exclusiva del fabricante? ¿Podrían algunas contratarse con otras empresas especializadas, manteniendo la coordinación y las garantías de seguridad?

La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento 52-26 permiten contratar directamente cuando se demuestra que solo una empresa puede suministrar el bien o prestar el servicio requerido. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en su nuevo Manual de Procedimientos de Excepción de octubre de 2026, precisa que esta condición debe acreditarse mediante estudios previos y una justificación técnica objetiva. También advierte que los contratos anteriores, el prestigio o la experiencia de una empresa no bastan para prescindir de la competencia. Por tanto, la cuestión no es únicamente quién fabrica la tecnología, sino quién puede prestar los servicios contratados y por qué solamente una empresa estaría en condiciones de hacerlo.

OPRET justifica el procedimiento por la integración tecnológica, la continuidad del servicio, la seguridad y el acceso a repuestos especializados. Son razones atendibles. Sin embargo, aunque el pliego menciona estudios previos, la documentación examinada no permite comprobar suficientemente que la exclusividad alcance a todos los servicios ni conocer cómo se distribuye su presupuesto.

Hay otro elemento que merece atención. El procedimiento permite subcontratar hasta el 45 % del importe contractual, previa autorización de OPRET. Esto no constituye una irregularidad: el contratista principal puede asumir la responsabilidad integral del servicio y recurrir a otras empresas, incluido el propio fabricante, para determinadas tareas especializadas. Pero plantea una pregunta adicional: si parte de las prestaciones puede ser ejecutada por terceros, ¿qué justifica que solamente una empresa pueda asumir el contrato principal y por qué no podrían someterse algunas actividades a competencia?

El antecedente de la Línea 1 también merece recordarse. En 2022, OPRET convocó una licitación pública nacional para su mantenimiento especializado, adjudicada en 2023 a POMA RD. La tecnología del fabricante no impidió entonces utilizar un procedimiento competitivo. Ahora se propone contratar directamente un conjunto más amplio de servicios, que incorpora la operación y una nueva línea. Aunque ambos contratos tienen alcances diferentes, precisamente por ello conviene explicar las razones técnicas y económicas de este cambio.

La otra cuestión fundamental es el precio. Los RD$17.478 millones constituyen una cifra precisa, pero eso no demuestra que sea razonable. Para comprobarlo necesitamos conocer cuánto corresponde a cada línea y a conceptos como personal, energía, repuestos, inspecciones y demás servicios. También deben identificarse los gastos extraordinarios y las grandes intervenciones que podrían representar pagos adicionales para el Estado.

A esta contratación se suma otro procedimiento de proveedor único, el OPRET-CCC-PEPU-2026-0002, destinado al mantenimiento de sistemas de señalización ferroviaria, telecomunicaciones y cobro de la red del Metro y Teleférico. Aunque ambos contratos tienen objetos distintos, podrían coincidir algunas actividades relacionadas con los sistemas de comunicación y control. No afirmo que existan pagos duplicados, pero sí considero necesario comprobar que sus prestaciones y costes estén claramente separados.

La contratación pública no consiste únicamente en seleccionar una empresa capaz de prestar el servicio. También exige justificar el procedimiento elegido, las alternativas descartadas y la conveniencia económica de la decisión. La seguridad puede requerir un responsable integral, pero esa necesidad debe demostrarse.

Por ello, considero imprescindible que OPRET publique la justificación completa de la exclusividad, el desglose económico de las prestaciones y los informes que acrediten la razonabilidad del precio. El desafío no es evitar la contratación del fabricante cuando resulte indispensable, sino impedir que una exclusividad técnica justificada termine convirtiéndose en una exclusividad contractual más amplia de lo necesario.