La reforma incorpora avances para preparar proyectos y agilizar su contratación. Pero su aprobación debe asegurar algo más: que cada inversión esté justificada, que la modalidad elegida sea conveniente y que las obligaciones se cumplan. El Senado tiene la oportunidad de fortalecer esas garantías y promover exigencias coherentes para los distintos instrumentos que comprometen recursos públicos.
Madrid, 2 de noviembre de 2026
Cierro esta serie de seis artículos con una pregunta dirigida al Senado: ¿qué debería corregirse antes de aprobar la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas? La respuesta exige examinar tanto el recorrido completo de la inversión como la experiencia acumulada por la DGAPP desde su creación en 2020: las iniciativas evaluadas, sus avances, rechazos y dificultades, y las razones de esos resultados. Esa experiencia debe permitir distinguir qué trámites retrasan innecesariamente los proyectos, qué capacidades faltan y qué controles han protegido al Estado. La reforma debe responder a ese diagnóstico.
La reforma contiene mejoras que merecen reconocerse. Ordena con mayor claridad la evaluación, exige factibilidad antes de declarar una iniciativa de interés público y dispone volver al Consejo cuando cambien sus condiciones. También contempla procedimientos proporcionales, un fondo para preparar proyectos y mayor capacidad institucional de estructuración. El país necesita esas herramientas.
Sin embargo, su eficacia dependerá de que cada decisión sostenga la siguiente: seleccionar una inversión necesaria, demostrar cómo conviene ejecutarla, atraer competencia y controlar lo contratado. Si esos pasos se desconectan, podemos terminar con procedimientos cumplidos y resultados decepcionantes.
La primera corrección de fondo es evitar que la protección del dinero público dependa del vehículo jurídico. El proyecto mejora las APP contractuales, pero queda pendiente reforzar y coordinar los marcos aplicables a fideicomisos y sociedades públicas o mixtas que también desarrollan infraestructuras.
No toda sociedad pública es una APP ni todo fideicomiso tiene la misma función. Precisamente por eso, la elección debe apoyarse en una comparación documentada de costos, beneficios, riesgos y compromisos fiscales. Los procedimientos pueden diferir; ante inversiones y riesgos públicos comparables, las exigencias esenciales deben ser igualmente sólidas. Elegir la estructura que exige menos explicaciones no equivale a elegir la más conveniente.
Además, hay que cerrar el proceso de evaluación. La declaración de interés público debe respaldar una iniciativa suficientemente estudiada, y su revisión debe responder a los cambios reales del proyecto. Pero falta asegurar con claridad una última comprobación: la que corresponde cuando ya conocemos la oferta seleccionada y el contrato que se pretende firmar.
La ley vigente exige un dictamen vinculante de Hacienda antes de la firma. El nuevo texto amplía las funciones del Ministerio de Hacienda y Economía, pero conviene preservar inequívocamente ese control final y reforzarlo. No se trata de repetir todos los estudios: debe confirmarse que las condiciones obtenidas mantienen el beneficio socioeconómico, el Valor por Dinero, la sostenibilidad fiscal y la distribución de riesgos que justificaron contratar.
Esto exige coherencia entre el diseño técnico, el modelo financiero y las obligaciones públicas. Un proyecto puede atraer financiación privada y resultar poco conveniente para el contribuyente. También puede presentarse sin desembolsos presupuestarios inmediatos y comprometer garantías, ingresos o bienes públicos. Esas obligaciones deben identificarse y evaluarse por sus efectos económicos, cualquiera que sea la entidad que las asuma.
La agilización debe pasar una prueba semejante. Reducir plazos y agrupar etapas puede eliminar demoras innecesarias, siempre que los participantes dispongan de información y tiempo suficientes. La competencia empieza al estructurar el proyecto: sus riesgos, requisitos y condiciones deben atraer interesados solventes.
Por eso, recibir una sola oferta exige explicaciones, aunque no demuestre automáticamente una estructuración incorrecta. Tampoco equivale a que, entre varias ofertas, solo una resulte admisible. Si se continúa o negocia con ella, las reglas deben conocerse previamente y la adjudicación debe justificar su conveniencia. Acortar el calendario no compensa perder competencia.
Después de firmar comienza otra obligación que la reforma debe hacer efectiva. El texto ya contempla indicadores, acceso a datos, penalidades y verificación de la reversión. Hay que asegurar que esas herramientas se traduzcan en comprobaciones reales: antes de aceptar el servicio, durante su operación y al preparar la entrega de los activos cuando corresponda.
También deben justificarse las compensaciones y modificaciones, respetando los límites legales y contractuales. Una caída de ingresos no convierte automáticamente el riesgo privado en una obligación estatal. Y esperar al vencimiento para comprobar el deterioro de una infraestructura puede dejar al ciudadano pagando reparaciones que correspondían al contratista.
Para sostener estas garantías hacen falta equipos capaces, recursos efectivos y responsabilidades identificadas. La ley debe fijar las obligaciones esenciales; el reglamento, desarrollar procedimientos, coordinación y seguimiento. Además, propongo información pública periódica por proyecto sobre resultados, pagos, deducciones y cambios, complementando las obligaciones fiscales de publicación existentes. El ciudadano debe poder reconstruir las decisiones que afectan su bolsillo.
Defiendo las APP porque pueden aportar financiación, capacidad de gestión y mejores servicios cuando se utilizan adecuadamente. Exigir rigor permite aprovechar esas ventajas y construir confianza. El Senado todavía puede mejorar la reforma antes de convertirla en ley: una buena Ley de APP se mide por la calidad de las decisiones públicas que exige y por su capacidad para hacer cumplir lo contratado.
